Fotografia: Benet Bohigas. |
OTRAS
VOCES “Los retos actuales del patrimonio cultural”.
Ninguna
propuesta legislativa o reglamentaria ha sacado el Govern o el
Consell. Nada que se sepa del Plan de Patrimonio Cultural, una guía
que dé sentido a la gestión política. Poco o nada de la
participación autonómica en planes de investigación sobre
arqueología, arqueología industrial, conservación, restauración,
arquitectura, que se ha dejado en manos de fervorosos equipos, bien
universitarios (como el de Calvo Trías), bien especialistas con
fuerza de voluntad (Almallutx, Paises, etc). Ni siquiera hemos podido
emprender obras de primera necesidad: conservar Can Serra, Can
Weyler, les Torres del Temple, todos ejemplos de propiedad pública
dejada o caída en el olvido. Poco o nada
se ha hecho en el ámbito de
difusión: las Administraciones pretenden coordinar y difundir...
cuando lo único que hacen es “pergeñar” trípticos informativo
con la actividad de otros y de otras instituciones culturales que sí
continuan (Museu Sa Bassa Blanca, Fundac. Juan March, Museu Son
Fornés, entre otras).
En
materia de conservación de nuestro patrimonio, el Consell Insular se
ha limitado a unas
pocas declaraciones de BIC o bien
catalogado, siempre a favor de los ayuntamientos, sin guía ni meta
alguna. Excepción destacable, a favor del equipo técnico del CIM
que ahí sí se ha batido el cobre, es el caso del Plan de protección
de Es Jonquet donde se ha defendido una visión amplia e integradora
del patrimonio de esta Ciudad. En cambio ARCA no ha podido obtener ni
siquiera una respuesta en los casos del patrimonio de las Colecciones
de “Sa Nostra”, de la escultura de “El Sant Sepulcre” de
Llimona de Sóller, o la petición de reconsideración de toda la
política patrimonial de Cartoixa en Valldemossa. En el caso de
Palma, el Ayuntamiento ha tenido una actitud dialogante, cierto, pero
poco eficaz en algunos temas candentes como: Can Bibiloni, Es Jonquet
y la gestión del espacio público en el Centro Histórico, uno de
los temas más preocupantes que dejan para la próxima legislatura.
Excepción a destacar, mientras no surjan problemas, es la aprobación
de un área de especial protección
para Santa Catalina, la cual debe dar aún con un planeamiento
urbanístico que suponga un verdadero avance. De hecho, en “avance”
se ha quedado el PGOU de Palma. Ni empujando.
Fotografia: Benet Bohigas. |
En
el ámbito municipal, en Mallorca, desde ARCA se detecta un creciente
interés en muchos Ayuntamientos, quizá sabedores del valor
económico y turístico del patrimonio, pero, en cambio, no se
favorece de modo suficiente que puedan aprobar sus Catálogos de
Patrimonio, en tiempo adecuado y con garantías, en muchos casos, ni
tienen recursos humanos ni materiales para llevar a cabo la gestión
necesaria.
Dicho
esto, los retos a los que nos enfrentamos para defender los bienes
culturales que nos han sido legados, es decir, que hemos configurado
-entre toda la sociedad- como identidad de nuestros pueblos y
ciudades no son pocos. Para ARCA -a riesgo de simplificar- pueden
enumerarse siguiendo el mismo orden de las instituciones.
El
Govern balear no puede desentenderse de la política patrimonial,
para empezar, logrando la financiación adecuada para las inversiones
que se precisan (y son muchas) para mantener el patrimonio público
(los anteriores ejemplos no admiten demora si se quiere “respetar”
mínimamente
la legalidad que exige la
conservación a los propietarios, también de las instituciones. No
puede rehuir el debate de la tasa turística o “tasa
ecopatrimonial”, contribución finalista que debe gestionarse
modélicamente, a no ser, que el gobierno de turno pueda traerse del
Estado los millones que necesitamos para conservar el patrimonio.
También el Govern debe promover las mejoras necesarias de la Ley de
Patrimonio e impulsar la coordinación entre organismos públicos.
En
cuanto al Consell Insular de
Mallorca, la Corporación elegida debe elaborar un verdadero Plan
insular de Patrimonio que aborde, por un lado, los problemas de
conservación de los bienes ya declarados BIC o BC (Monasterios,
iglesias, Casals, Raixa o Can Weyler mismo necesitan mano de santo)
y, por otro lado, los problemas de la conservación de los bienes
culturales sin declarar, como ha sido el caso dramático de Can
Bibiloni, dejando de lado subterfugios y posturas de avestruz. El
primer paso necesario es mejorar el Servicio de Patrimonio y
coordinarlo mejor con los técnicos de Urbanismo. El segundo paso,
ineludible, es dotar dicho Servicio de Patrimonio de más
profesionales que constituyan equipos por zonas o áreas
especializadas y que tengan capacidad de interconsulta con los
equipos de otras islas o de otras comunidades autónomas. En la época
de la digitalización y de la comunicación telemática es
sorprendente que para hacer un informe sobre una escultura de Llimona
en Mallorca no se cuente con los especialistas del autor, de la época
y de los materiales utilizados, por poner un ejemplo.
En
cuanto al Ayuntamiento de Palma, es preciso que aborde con
concimiento de causa y sin dilación los grandes temas pendientes:
PEP Jonquet, Santa Catalina, Centro Histórico y gestión de terrazas
y del turismo, fachada marítima incluido el Port de Es Molinar, los
espacios del Moll Vell y, por supuesto, la decidida protección de la
fachada de Can Bibiloni, como testimonio de nuestro pasado industrial
al que nunca debimos renunciar.
No
me olvido de las entidades ciudadanas que también debemos
actualizarnos apoyándonos en los investigadores a la par que
explicar mejor a los ciudadanos qué hacemos y cómo lo hacemos,
invitándoles siempre a una auténtica participación y colaboración
en la defensa del patrimonio cultural que a todos nos beneficia y a
todos nos obliga.
Pere
Ollers Vives
Presidente
de ARCA
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