LAS ASOCIACIONES REUNIDAS EN LAS XV JORNADAS EN DEFENSA DEL
PATRIMONIO ESPAÑOL CELEBRADAS EN MÁLAGA COINCIDEN EN DENUNCIAR
QUE “LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SON CÓMPLICES EN LA
DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL”.
Las XV Jornadas en Defensa del Patrimonio Español, organizadas por Málaga REC con la
colaboración de SOS Monuments -bajo el título Ciudad VS Marketing-han tenido lugar en
Málaga entre el 11 y el 13 de octubre, con sesiones en la Sala Cajamar de la Alameda, el Museo
de la Aduana y el Centro Pastoral Pedro Arrupe. Esta cita de asociaciones, que se celebra
anualmente, sigue trabajando sobre las premisas establecidas el año pasado en el Manifiesto
de Boadilla: https://madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/files/pdf-embedblog/manifiesto_boadilla_asociaciones_en_defensa_del_patrimonio_cultural.pdf
Las asociaciones y plataformas participantes han coincidido en que las administraciones
públicas incumplen sistemáticamente por acción u omisión con su obligación constitucional de
defensa y preservación del Patrimonio Cultural.
Particularmente, se aprecia la constante connivencia de los responsables públicos con
operaciones urbanísticas que amenazan edificaciones históricas, estén o no catalogadas, e
incluso las reconocidas como Bienes de Interés Cultural (BIC).
Asimismo, las autoridades desprecian el papel de las asociaciones civiles que defienden los
patrimonios amenazados, rechazando protegerlos, y obligando a la ciudadanía a recurrir a
largos y penosos pleitos para impedir su destrucción.
Lejos de preservar el Patrimonio, estas malas prácticas administrativas están generando
pérdidas irreversibles con una dinámica destructiva, produciendo un continuo deterioro de
nuestras ciudades y paisajes.
Las asociaciones denuncian el incumplimiento constante del artículo 46 de la Constitución
Española que establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán
el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”;e igualmente
denuncian que los intereses particulares priman sobre los generales, cuestionando el carácter
democrático de nuestra sociedad.
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